Mariana Landázuri Camacho
Quién les diría a quienes contribuyeron para que estas reflexiones se asienten que sus respuestas privadas tienen incidencia pública. En lo último en lo que están pensando es en incidir cuando se ven abocados a ver cómo solucionan sus problemas de alcantarilla. En realidad, la mayoría regresa derrotado de hacer gestiones municipales porque constatan que no hay una política respecto al tratamiento cantonal de las aguas servidas. La minoría que indaga más sabe que hay planes, pero tan a largo plazo que desalientan. Lo que concluye el vecino que requiere cambiar el desfogue de su vivienda es que tiene que resolverlo como un problema privado.
“A raíz de la tragedia de La Gasca en Quito, el Municipio ha tomado medidas ambientales en todo el Distrito Metropolitano, lo que incluye los valles, que en su gran mayoría se deshacen de aguas servidas en las quebradas. Lo más grave de este problema es que el Municipio ha trasladado esta responsabilidad a los propietarios y no aporta absolutamente en nada. Es un tema caótico porque los propietarios de lotes y casas con escasos recursos no pueden asumir estas inversiones y los que cuentan con recursos lo tienen que hacer al apuro, sin planificación”, dice un ciudadano que se vio ante la urgencia de salir del sistema centralizado de alcantarilla para instalar otro que depure las aguas servidas domiciliares dentro del propio predio.
Seguramente para buena parte de la población sea una novedad incluso saber que la alcantarilla pública desemboca en los diversos ríos de la ciudad sin tratamiento alguno. Se suele citar un 3% de aguas que pasan por una planta de tratamiento en Quitumbe, pero no tenemos nada más que eso. O tal vez la real novedad sea darse cuenta de que por esta falta de depuración los habitantes de la capital, y de la mayor parte del país, contribuimos a contaminar continuamente nuestros ríos con cada descarga.
En medio de ese panorama, lo asombroso es que haya quienes han decidido dejar de hacerlo. Encontrarlos se parece a buscar una aguja en un pajar, como decía uno de ellos, de ahí que no se crean muy fácilmente que lo suyo tenga incidencia. ¿Qué les lleva a tratar sus propias aguas? He aquí unas pocas respuestas:
“Vivo en el Ilaló donde no hay alcantarillado e igualmente consideré un sistema local de tratamiento de aguas negras desde antes de construir pues lo vi como ejemplo en varias casas en Tumbaco y Rumihuayco […]. También había instalado otro sistema en un proyecto que desarrollé en Manabí. Estoy muy relacionada a la bioconstrucción y permacultura, practico y donde vivo quise implementar, […] prefiero a tener alcantarillado que solo es entubar el desecho humano y mandar a los ríos. En Ilaló hay muchas casas que tienen sistemas desde hace 20 años”.
“Se llenaban los pozos muy rápido, no hay alcantarillado y para reusar nuestros propios desechos”, dice otra usuaria respecto a un sistema para 3 casas en Nayón. ¿Es que hay cómo reusar lo que todos desechamos en el agua?, podría surgir como una primera inquietud. Veamos más adelante. Por el momento cabe acotar aquí que los pozos sépticos son una de las prácticas más extendidas en zonas semiurbanas o rurales del Ecuador que no tienen posibilidad de conectarse a algún sistema centralizado de alcantarilla. Estos pozos, al igual que algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales anaeróbicos (sin oxígeno), producen gas metano de efecto invernadero.
Para un vecino de Lumbisí que vive en un conjunto habitacional estos fueron los motivos: “El colapso de la actual red de alcantarillado, no es suficiente para todas las casas, la red es antigua, alrededor de 30 años. […] El sistema que junta aguas servidas y de lluvia generaron un grave problema que todavía no se resuelve en su totalidad. El 80% de las casas todavía desfoga las aguas servidas en el viejo sistema. […] A esto se une la falta de colaboración de un propietario que en su terreno tiene la servidumbre comunal de una parte del alcantarillado”.
Requiere una decisión intencional optar por un sistema que descontamine las propias aguas, también en lo privado. Como todo lo que necesita ser transformado, no sucede espontáneamente, sino por la esforzada dedicación hacia una meta. Si esa meta fuera municipal, se la llamaría política pública y necesitaría recibir un respaldo masivo. También relatar sobre estos pequeños logros vecinales implica hacer el esfuerzo de ver en dirección opuesta a la inercia de las malas noticias que forman el torrente de otra forma de contaminación.
Y quizás al dirigir la atención hacia ejemplos como los citados se pueda constatar que los logros no son tan pequeños o tan invisibles como hace solo 20 años. Ya pueden implementarse en urbanizaciones enteras, por ejemplo, una en Conocoto de unas 60 casas, basado en el sistema que se llama de vermifiltro, por usar bacterias, microorganismos y lombrices (eisenia foetida) para descomponer la materia orgánica. Para este caso se utiliza además un tanque de desinfección. A febrero de 2023 esta planta de tratamiento estaba funcionando en período de prueba y análisis de laboratorio para confirmar que el agua tratada cumpla con todas las normativas y se la pueda utilizar para riego de las áreas verdes en la urbanización. Otras bondades del sistema incluyen producir humus de lombriz, que se puede usar para abonar suelos, tiene un mínimo consumo energético y no produce malos olores.
Quienes han desarrollado esta tecnología en el Ecuador (www.yakunina.com) utilizan para casos más pequeños, además del vermifiltro, un sistema de humedales o jardineras biofiltrantes, basado en plantas acuáticas que a través de la fotosíntesis bombean oxígeno a sus raíces y permiten una ulterior degradación de la materia orgánica, la absorción de nutrientes y la depuración del agua. En vez de mandar a otra parte los desechos humanos que nadie quiere ver ni oler, aquí regresan descompuestos a la tierra y se obtiene, aparte de lo ya indicado, una vista ornamental fuera de la casa.
Los costos financieros están establecidos. Construir una de estas plantas domiciliares de tratamiento de aguas residuales cuesta $1.500 por casa si se trata de 40 casas en adelante y $1.000, de 80 casas en adelante. Se encarece cuando se trata de una sola casa. Aquí no hay costos de alcantarillado público.
Más visible por sus dimensiones puede ser el caso de la Universidad de las Américas que tiene una planta en su campus denominado Udla Park, bajo Monteserrín. La planta centraliza el agua servida de las distintas dependencias, lo que comprende lavamanos, inodoros y cocina. La comunidad universitaria fluctúa según los ciclos de clases y a máxima capacidad puede llegar a 7.000 personas. El mismo tamaño de la población ya es un indicativo de la capacidad que debe depurar esta planta. A esa exigencia se suma que en este caso el agua no proviene de duchas ya que no se trata de un campus de vivienda. El uso de la ducha, para cualquiera de las instalaciones mencionadas hasta aquí, ayuda a diluir la concentración de nitrógeno que se produce sobre todo en la orina. Cada planta debe solucionar los retos que le son propios, y esta sirve además de laboratorio en tiempo real a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental que se preparan para resolver las distintas necesidades de la población en este campo. Esta planta universitaria tiene un caudal medio de tratamiento de 2.5 litros por segundo y está en operación desde el año 2015.
El paso hacia estos sistemas incluye un cambio de comprensión. Para que estas plantas funcionen no se puede botar al inodoro papel higiénico, condones, toallas sanitarias, tapones, colillas de cigarrillo, pastillas caducadas o ningún otro desecho que no sean los residuos humanos biológicos. Tampoco las tuberías domésticas resisten que las usemos para deshacernos de lo que ya no queremos, pero hemos asumido que así es.
De la misma manera que separar la basura de una casa o edificio ha representado una actitud diferente respecto a poner en una misma funda todos los desperdicios y querer solamente que se los lleven, así mismo nos corresponde proceder con el agua. La separación entre papel, plásticos, vidrio y orgánico empezó por iniciativas privadas, casi invisibles, no por organización municipal, y está ahora jalonada por el mercado que se ha abierto el reciclaje. Ese camino transitado urge desembocar en una conducción municipal, tanto para que los desechos no lleguen a los ríos como para que se pueda reutilizar lo que ya no hay dónde más poner y en los rellenos se convierte en más gas metano. Les compete a las autoridades, a la industria y también a nosotros mismos.
Respecto al tratamiento municipal del agua, cualquier planta que se construya también va a traer costos para los usuarios del servicio. Y son obras tan gigantescas -como la de Vindobona que se proyecta desde hace tiempo para la zona de San Antonio de Pichincha- que los funcionarios suelen argumentar la imposibilidad de pedir más crédito, cuando lo que carga el Municipio es con la pesada deuda por el metro de Quito.
Lo que se conoció en enero de 2023 es que al menos para las parroquias orientales de Cumbayá y Tumbaco, la Empresa de Agua Potable y Saneamiento firmó un convenio para realizar los estudios de una planta, denominada La Viña.
Mientras se esperan esas u otras obras, la incidencia que pueden tener los usuarios privados que han empezado a depurar sus aguas servidas reside en sacar la discusión del ruedo de lo privado al de lo público. Hacer que sea un tema del que se hable en la sociedad, que las soluciones se dejen ver para que nos demos cuenta no tanto de la variedad de opciones que existen en el mercado, sino de que el cambio nace en quién pensamos que somos, no en la conducta. Los ejemplos citados más arriba así lo indican. Los pasos que cada vecino dio se desprenden de su consciencia. De allí que hacer que este tema no se quede casa adentro, hace que esa consciencia se expanda. Seguramente es la presión mundial y local de esa consciencia la que lleva a que los municipios tomen finalmente medidas.
Hacerse cargo de la parte que uno puede asumir en pro de un bien común no es dejar de presionar a la autoridad para que haga la parte que le corresponde, sino apalancar esa presión en donde mayor influencia puede ejercer. Pocas cosas tienen tanta fuerza fáctica y moral como asumirse a uno mismo.
El paso de lo privado a lo público moldea el pensamiento, en este caso, de qué es lo que queremos con nuestros ríos, y eso solo puede suceder colectivamente. Más todavía, sucede sobre todo en los espacios públicos. Quienes están haciendo ese ejercicio se ven ante la pregunta de si la presión es solamente a la autoridad, o es a la sociedad entera. Todos tenemos ejemplos como el del ciudadano que confesó que a sus vecinos “poco o nada les importa” lo que pase con las aguas que salen de su domicilio.
Si ese es el caso de la mayoría de la población, el escenario pone una nueva luz sobre lo que exigimos de la autoridad. Queremos entonces que esta logre que se haga lo que esa mayoría no quiere hacer. ¿Es dable o posible o incluso justo pedirle que ejerza esa función? ¿Si fuéramos nosotros esa autoridad, qué nos parecería tal exigencia? ¿Y si las autoridades y los propietarios se van corrompiendo en ese roce, como lamentablemente ocurre?
Nuevamente lo asombroso ante esas y otras preguntas más complejas aún -o lo que indica que un organismo está vivo- es que haya interés ciudadano en verlas en su angustiosa crudeza e ir más allá de la derrota, de la acusación o de la queja. La valiente apuesta en relación con los ríos y en particular con el San Pedro, es a crear una corriente que parta de esa ciudadanía, como indicaba una primera entrega de esta serie (https://marianalandazuri.com/en-vez-de-acusar-sumar/).
Si es que nuestros ríos se logran sanear va a ser porque le importan a la población. Si es que se llega a crear una política pública va a ser porque el interés (o la desesperación por el agua que ahora es global) pone el tema sobre el tapete. Lo dice el ejemplo histórico de Cuenca, pero también casos más rurales y menos difundidos como el de una comunidad indígena en la parroquia de Angochagua, provincia de Imbabura, que vive junto y gracias al río Tahuando. Leer su historia no permite engañarse respecto a la magnitud de la tarea, pero la comunidad vio la disyuntiva entre morirse o cambiar y dio la batalla. También sus habitantes se contagiaron de otros casos que pudieron conocer y ahora Chilco nos establece su marca. Quién sabe si tampoco ellos se crean que sus acciones tienen incidencia.
https://www.labarraespaciadora.com/medio-ambiente/chilco-la-comuna-kichwa-salvo-paramo/
Los colectivos o los individuos “no siempre tenemos el poder o la fuerza necesaria para lograr grandes cambios”, decía una de tantas personas que llegan a recoger basura a orillas del río San Pedro en días de minga. Aunque sueltos estamos a la deriva, con lo que no se suele contar es con que participar o contribuir a un bien común es una de las grandes necesidades humanas.
Asidos a esa necesidad los mingueros han logrado no solamente recoger varias toneladas de basura flotante, sino que el colectivo que los convoca va posicionando el tema en el imaginario público y deja ver cuánto le importan los ríos a la inmensa minoría que quiere ver esos grandes cambios. Esos no se logran por sentir alivio al saber que hay otros que están incidiendo, o por asumir que la realidad es digital y que todo consiste en enterarse de lo que viene pasando por estas líneas que se leen tan fácil. Es dejándose transformar en el proceso.
No es únicamente un interés ciudadano. La gravedad desborda lo que cualquier actor podría hacer por sí solo y hay amplio campo para la innovación. Es un espaldarazo en el camino conocer que están ya instaladas barreras que detienen la basura física en 3 ríos del Ecuador: San Pedro en Pichincha, Portoviejo en Manabí y Tajamar en el Carchi. (Una pequeña explicación del funcionamiento de esa barrera se puede encontrar en este enlace https://marianalandazuri.com/a-quien-sana-sanar-el-rio/). De lo que se trata es de que todos esos esfuerzos se potencien entre sí para que ejerzan influencia en la consciencia pública, en todo el planeta.
Por el día mundial del agua en marzo de 2023 las mingas tienen ya repercusión internacional y varios países de América Latina las realizan al unísono, convocados por la Alianza Waterkeeper Latam. En el Ecuador tienen aval del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con un creciente número de ríos incorporados.
Los trabajos empezaron por recoger la basura física de las orillas del San Pedro, pero la complejidad del tema ha llevado a que se abra todo el abanico de medidas que necesitan ser ciertas para que nuestros ríos se sanen: desde un consumo propio que produzca menos desechos hasta instalar paneles solares para quitar la presión sobre la energía hidroeléctrica (al menos en la capital esto ya es posible para uso doméstico en acuerdo con la Empresa Eléctrica Quito); desde disminuir el excesivo consumo de agua que tenemos en la ciudad, hasta depurarla luego de que nos ha servido.
Todo esto usualmente lo exigimos de los demás. Y seguramente con una institución pública integrada podríamos lograr que se regule, pero no es el caso. Con mucho esfuerzo lo que se está consiguiendo es influir en la consciencia social con los actos públicos y con los ejemplos privados que nos trazan el camino. No es tanto lo que se logre al final, como si el presente no contara, sino la transformación que nos sucede en la búsqueda de eso que anhelamos.